Con la finalidad de que las próximas elecciones del 6 de junio cuenten con los mayores estándares de transparencia, legalidad y rendición de cuentas, la Unidad de Inteligencia Financiera (UIF) y el Instituto Nacional Electoral (INE) firman convenio de colaboración para mejorar la fiscalización.
Ambas instituciones firmaron los Anexos Técnicos del Convenio de Colaboración que suscribieron desde el año pasado para establecer mecanismos de coordinación para prevenir actos u operaciones que pudieran involucrar recursos de procedencia ilícita y/o el uso indebido de recursos públicos en el proceso Electoral Federal y locales concurrentes 2020-2021.
Con este acuerdo, el órgano electoral que encabeza Lorenzo Córdova se fortalecerá con el cambio de información a través de modelos de riesgo; mientras que la dependencia que preside Santiago Nieto contará con detalles de operaciones que realizan las personas físicas y morales catalogadas de riesgo.
Al respecto el Consejero Presidente del INE, Lorenzo Córdova afirmó que “la democracia mexicana no quiere trampas, ni opacidad en la competencia por el poder político y sí el respeto por la legalidad vigente y el compromiso con la transparencia”.
Razón de ello, de cara a los comicios electorales el órgano electoral fiscalizará a todos los contendientes de todas las elecciones, pues es indispensable conocer el origen y la ruta del dinero que utilizan partidos políticos y candidaturas independientes para financiar las campañas federales y locales.
Por su parte, Santiago Nieto señaló que con este convenio se logrará fortalecer el intercambio de información, los modelos de riesgo así como proporcionar datos para sancionar a los responsables, lo que ayudará a “prevenir y detectar la violencia política contra las mujeres en razón de género, las violaciones al uso de medios de
Comunicación por los partidos políticos, las transgresiones al uso de propaganda por los poderes públicos y actos anticipados de campaña y precampaña”.
“Tenemos que reconocer que hay riesgos de delincuencia organizada introduciendo recursos ilícitos en las campañas electorales, particularmente en el ámbito local, acciones de peculado electoral en condicionamiento de programas sociales y el riesgo de que empresas fachada sean utilizadas para sustraer recursos del erario e introducirlos a campañas electorales”, agregó Nieto Castillo.
