El endurecimiento de la política migratoria del gobierno de los Estados Unidos de América (EUA) impacta negativamente en la protección de los derechos humanos de las y los paisanos, no sólo porque en los últimos años y meses el retorno de mexicanas y mexicanos y su rechazo en la frontera han aumentado significativamente, sino por las condiciones en las que son detenidos y retornados, y porque en México, no encuentran el modo de acceder a programas sociales para lograr su integración, lo que provoca que la mayoría piense en volver a intentar migrar hacia el país vecino.
Así lo señala el “Diagnóstico 2020 Sobre los Derechos Humanos de las y los Mexicanos en Retorno desde Estados Unidos de América” realizado por la Comisión Nacional de Derechos Humanos y que estuvo bajo la coordinación de la Maestra Elizabeth Lara Rodríguez, Directora General y Encargada del Despacho de la Quinta Visitaduría General.
En la presentación la funcionaria apunta que “El fantasma de la xenofobia y los discursos de odio que creíamos superados, rondan a las y los migrantes, y no verlo, señalarlo y rechazarlo de forma categórica, haría a este organismo nacional, cómplice de situaciones que vulneran no sólo la dignidad de las personas migrantes sino uno de los principales ejes del Estado democrático de derecho: la igualdad”.
Mas adelante escribe que con la detención y deportación de nuestros connacionales se rompen lazos familiares y culturales, se niega la historia de culturas hermanas, de familias trasnacionales, de sueños globales. Se violentan derechos humanos fundamentales, a la movilidad, al debido proceso, a la asistencia consular, a la seguridad humana.
De acuerdo con el Consejo Nacional de Población , entre los años 2000 y 2019, se triplicó el número de personas en migración internacional, pasando de 98 a 272 millones de personas que deciden vivir en países extranjeros, los cuales representan el 3.5% de la población mundial, con 52.1% hombres y 47.9% de mujeres. Los Estados Unidos de América (EUA) es el principal país de destino de la población migrante, pues en 2019 recibió al 18.6% total de la población mundial en migración. En el año 2019, México es considerado como el segundo de los 10 países de origen, con mayor población emigrante internacional, se calculó que 11.8 millones de mexicanas y mexicanos residen en el extranjero, de los cuales la gran mayoría se concentra en los EUA con un 97.4% (11 millones, 489 mil, 371 personas).
La estancia irregular de mexicanas y mexicanos en los EUA, los expone a una serie de circunstancias que limitan su acceso a derechos, y les hace vivir en constante miedo de ser deportados sin más razón que su nacionalidad de origen. Además continúa la criminalización de la entrada o estancia irregular de las personas migrantes que deriva en la privación de su libertad sin un debido proceso en los centros de detención de EUA.
Durante 2020, a pesar de la contingencia sanitaria derivada del COVID-19, y del incremento de número de contagios en ambos lados de la frontera, el intento por migrar hacia Estados Unidos no ha cesado. Sin embargo, los procesos de detención y repatriación no han seguido las recomendaciones internacionales en materia de protección a la salud.
El documento reconoce que hay pacto bilateral con el que no se desarrollan de manera suficiente los mecanismos para prohibir las detenciones arbitrarias y los actos discriminatorios, ni tampoco establecen de qué forma se respetarán los derechos a la asesoría y defensa legal, el establecimiento de intérpretes lingüísticos y las condiciones de detención apropiadas, entre otros temas.
Hay, dice la CNDH, una “urgente necesidad” de revisar el mencionado Memorándum de entendimiento, “para introducir el reconocimiento de todos los derechos humanos de las y los mexicanos durante su detención, aseguramiento, traslado y repatriación a México, además se hace necesario que los funcionarios del Instituto Nacional de Migración conozcan los acuerdo signados entre México y Estados Unidos en la materia.
“Están obligados a conocer los acuerdos de repatriación suscritos entre México y los Estados Unidos de América, las instituciones, entidades y particulares que participan en las acciones para brindar atención adecuada y los beneficios que se les brindan a las personas repatriadas en el punto de internación donde están asignados, así como las diversas opciones que tienen a su disposición las personas mexicanas repatriadas en sus lugares de origen o residencia para su integración a la comunidad de origen o donde deseen residir dentro del territorio nacional”.
En ese sentido la CNDH indica que es necesaria la capacitación del personal para atender de manera adecuada a los migrante, en los tres niveles de gobierno.
Finalmente destaca entre las conclusiones, que en México las condiciones para acceder al trabajo, vivienda, salud y educación son adversas, situación que se torna aún más complicada cuando se trata de personas que han estado fuera del país durante mucho tiempo y consecuentemente se encuentran desvinculadas con el entramado institucional para contar con los apoyos necesarios para tener acceso a un trabajo, vivienda, servicios de salud y a la educación.
