La explotación minera en nuestro país tiene una larga historia. En la colonia la extracción de plata y oro fue eje del proceso de acumulación originaria del capitalismo en México y del capitalismo español y mundial, inglés en particular. La fantasía del oro del potosí es legendaria y de ella se cuenta de un español enloqueció al descubrir que el cerro del mercado era de plomo y no de oro.
Después de la independencia y de la reforma, llegó el capital inglés y hacia finales del siglo XIX el capital estadounidense en busca de minerales para su proceso de industrialización, el hierro, cobre, plomo y zinc, sin dejar de lado la extracción de metales preciosos.
Con la Revolución de 1910 y la Constitución de 1917 se estableció que los recursos del suelo y del subsuelo eran propiedad de la nación. A principios de los años treinta la minería registró su mayor contribución a la economía nacional, el 9%. En 1961 se decretó la mexicanización de la minería con lo cual el capital nacional tendría más de la mitad del capital en esta actividad. Antes de la privatización el Estado participaba con cerca de la tercera parte de la minería, destacando su participación en cobre (Cananea).
La reforma salinista a la Ley de la minería y a la de inversión extranjera, trastocó la propiedad pública y otorgó, en el capítulo sexto, la calidad de “preferente”, lo cual dejó el campo abierto a la actividad minera sin condicionante alguno. Los fundos nacionales, dejaron de ser nacionales y las mayores concesiones mineras se otorgaron durante los gobiernos panistas, en particular en el gobierno de Calderón. A las concesiones mineras se les dio vigencia de 50 años con posibilidad de duplicar su vigencia hasta los cien años. También facilitó el registro de concesiones sin ton ni son y con ello el comercio de concesiones entre particulares. Incluso esas concesiones fueron registradas como activos por capitales extranjeros en el mercado de valores.
Con la crisis internacional y el incremento de los precios de los minerales, en particular del oro y la plata, aumentó en México la presencia del capital extranjero en la minería, en particular el canadiense. Sin olvidar que las más grandes empresas mineras pertenecen a la oligarquía mexicana, al Grupo México, al Grupo Bal de Bailleres dueño de Peñoles y a Slim, que tiene Frisco, la más importante mina de plata del mundo.
México es el primer productor de plata en el mundo y está entre los primeros diez lugares de otros importantes y estratégicos minerales.
Cuatro grandes problemas arrastra la producción minera que impactan en los territorios: la contaminación, el consumo de agua, los residuos que deja en los jales.
La propuesta de la nueva ley minera atiende, en lo fundamental estos graves problemas, empezando por eliminar el carácter preferente y exigiendo la consulta obligatoria con las comunidades.
Y, por supuesto, los grandes capitales envían a sus voceros a rechazar la ley, a amenazar con el petate del muerto con la no llegada de nueva la inversión extranjera. La guerra judicial encontrará un nuevo campo de acción.
