Ciudad de México, 19 de mayo 2020.- En el marco del conversatorio titulado “Retos para la igualdad de género ante la crisis sanitaria”, las participantes coincidieron en la necesidad de repensar los espacios públicos y privados, en particular la vivienda, para generar políticas públicas enfocadas a disminuir la desigualdad e inseguridad que afectan de manera específica a las mujeres.
Carina Arvizu Machado, subsecretaría de Desarrollo Urbano y Vivienda de Sedatu, explicó que para muchas mexicanas, el espacio doméstico no es seguro y por el contrario, significa una carga de trabajo pues; por ejemplo, antes de la declaratoria de emergencia sanitaria, las mujeres ocupaban 2.6 veces más tiempo que los hombres en tareas de cuidados y del hogar.
“Con el Programa de Mejoramiento Urbano buscamos atender el entorno público y los espacios privados. En 2019 hicimos 55 espacios públicos y 79 equipamientos, entre ellos un Centro Integral de las Mujeres, en Nogales, Sonora. Lo que buscamos es que el espacio público sea una opción para las mujeres, con obras que promuevan la reconstrucción del tejido social, que brinden seguridad y coadyuven al desarrollo de las comunidades que han sido históricamente olvidadas. En la vertiente de vivienda, siete de cada 10 beneficiarios, han sido mujeres
En su intervención, Eugenia De Grazia, especialista de Proyectos de ONU-Hábitat en México, sostuvo que es imperativo asegurar que las sociedades y ciudades después del COVID-19, sean más igualitarias adaptando las necesidades del territorio a los contextos particulares; por ejemplo, con el impulso de las “ciudades en 15 minutos”; además de reconocer la necesidad de formar comunidad.
La directora general de Autonomía y Empoderamiento para la Igualdad Sustantiva del Instituto Nacional para las Mujeres (Inmujeres), Marta Ferreyra, sostuvo que las tareas de cuidados están amparados por la construcción social de género, que liga a la feminidad con ellos; así como la masculinidad al ejercicio de la violencia.
“Hoy en día, con la crisis que están viviendo las mujeres en materia de trabajo y recursos, siguen teniendo la responsabilidad de poner un plato de comida en su mesa y esto solamente puede resolverse con la redistribución, el reconocimiento monetario de lo que impacta su trabajo en la economía. Sabemos que en México, el trabajo de cuidados equivaldría a 23% del Producto Interno Bruto, de acuerdo al Inegi”, detalló.
En su oportunidad, la legisladora Wendy Briceño, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género de la Cámara de Diputados, señaló que históricamente, ha existido una relación paralela entre cuerpo y territorio, pues los cuerpos de las mujeres han sido botín –al igual que los territorios- en luchas bélicas y del crimen organizado, pasando por las luchas simbólicas que se viven en el espacio público y privado.
“Desde la Cámara de Diputados estamos promoviendo una Ley de Cuidados, de la mano del Inmujeres; así como una ley que proteja de manera especial a nuestras jefas de familia. Sabemos que cada vez más hogares tienen una jefatura femenina y es una gran oportunidad para que desde Sedatu, en coordinación con otras instancias, se generen programas de gobierno para apoyar el acceso a la vivienda para las jefas de familia”, explicó la diputada.
En su reflexión final, el titular de la Unidad de Planeación y Desarrollo Institucional de la Sedatu, Javier Garduño Arredondo, sostuvo que entre la población masculina, se deben generar mecanismos de empatía y solidaridad para entender su rol en la violencia contra las mujeres, para reconocerlas y trabajarlas para generar espacios seguros para las y los mexicanos.
En el foro de este martes, que forma parte del ciclo de conversatorios y reuniones virtuales “Contingencia COVID-19: aprendizajes para el territorio”, organizados por la Sedatu, en coordinación con ONU-Hábitat, también participaron Mabel Almaguer, directora de Proyectos Estratégicos de la Sedatu; Emma Morales García de Alba, académica de la Universidad Iberoamericana de Puebla; Rosalba González Loyde, especialista en vivienda; Roser Casanovas, integrante del Col·lectiu Punt 6; así como Diana Félix Andrade, delegada del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores (Infonavit), en Querétaro.
