Reportaje publicado en Revista Proceso No. 2198
En poco más de un mes, desde que el 5 de noviembre fue publicada la Ley Federal de Remuneraciones de Servidores Públicos que ordena una disminución sustantiva de los altos salarios de ministros, magistrados y personal del Consejo de la Judicatura Federal, el Poder Judicial pasó de ser árbitro a convertirse en juez y parte de una polémica que ha provocado una máxima tensión con los otros dos poderes dominados por Morena: el Ejecutivo Federal y el Congreso.
Ante la opinión pública, los jueces están en el banquillo de los acusados no sólo por sus ingresos millonarios sino por sus excesos, privilegios y presuntos actos de corrupción. El apoyo social a sus demandas es menor al 20 por ciento, según distintas encuestas, y en las redes y medios impresos se documentan historias de excesos, nepotismo y corruptelas de los impartidores de justicia, como el caso de Lord Ministro o el caso del magistrado de circuito de Campeche, Fernando Arcovedo Montero, que colocó en juzgados a sus 3 hijos, 3 sobrinos, 2 yernos y a su ex esposa.
Por primera vez desde que inicia un gobierno de alternancia, el enfrentamiento verbal entre el presidente, Andrés Manuel López Obrador, y los ministros de la Suprema Corte ha sido público y abierto. El primero los ha acusado de recibir salarios de entre 500 y 600 mil pesos mensuales que “es el más alto del mundo”, mientras los ministros han argumentado que no es “tan alto” y que les corresponde a ellos definir sus percepciones porque, de lo contrario, sería una violación a la separación y autonomía de poderes.
Las propias cifras del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) revelan que de 2010 al 2018 los ministros de la suprema corte pasaron de tener un ingreso anual de 5 millones 989 mil pesos a 6 millones 938 mil pesos, es decir, 1 millón de pesos anuales más, que representan 2 mil 347 pesos diarios más, mientras que el salario mínimo sólo registró en ese mismo periodo un aumento de 32 pesos diarios.
El Congreso y el Poder Judicial están enfrascados en un debate jurídico por la acción de inconstitucionalidad interpuesta el 5 de diciembre por 56 senadores de la oposición, encabezados por Rafael Moreno Valle y Miguel Angel Osorio Chong, del PAN y del PRI, y por una orden de suspensión de la Ley de Remuneraciones que ordenó el ministro Alberto Pérez Dayán con extrema celeridad, el pasado 7 de diciembre ante la inminencia de la discusión del Presupuesto de Egresos de la Federación.
En medio de este litigo, una desconocida Asociación Nacional de Magistrados de Circuito y Jueces de Distrito del Poder Judicial encabezó el 10 de diciembre una protesta a las afueras de San Lázaro, en el recinto de la Cámara de Diputados, y en 25 entidades más para denunciar una “intromisión indebida” de los otros dos poderes y calificar como “ofensivo” que el presidente de la República los acuse de ganar 600 mil pesos mensuales.
Más de 6 mil jueces, magistrados, secretarios, actuarios y otros empleados del Poder Judicial han interpuesto un total de 2 mil 772 amparos colectivos que no quieren que se les reduzca el salario. De éstos, 384 son jueces de distrito, 445 son magistrados de circuito, 2 mil 174 son secretarios de acuerdo, 445 son actuarios y 1,266 oficiales secretarios.
El activismo de jueces en contra de la Ley Federal de Remuneraciones es franco y abierto. El ministro Eduardo Medina Mora, propuesto por el gobierno de Enrique Peña Nieto para integrarse a la Suprema Corte de Justicia en medio de una agria polémica por su falta de experiencia y sus vínculos con las televisoras, afirmó que “hoy más que nunca requerimos que respeten nuestra capacidad de reformarnos y cumplir mejor con los justiciables, con los ciudadanos”.
Para el senador Ricardo Monreal, coordinador de la bancada de Morena en el Senado, los integrantes del Poder Judicial que han demandado o se han amparado contra la Ley de Remuneraciones podrían incurrir en una violación al artículo 216 del Código Penal Federal que tipifica como delito la “coalición de servidores públicos” a quienes en su carácter de servidores públicos tomen medidas contrarias a una ley o reglamento o traten de impedir su ejecución.
“A través de esta nueva asociación de magistrados y jueces están haciendo una coalición de servidores públicos. Han creado un ambiente de desconcierto o incertidumbre que se ven reflejados en solicitar la suspensión de la ley que fija un tope a los salarios de la alta burocracia”, afirmó Monreal, en entrevista con Proceso.
“Los pronunciamientos públicos de parte de los miembros de la Judicatura, así como la realización en grupo se está haciendo con un uso abusivo de su condición de servidores públicos porque la protesta tiene la finalidad clara de evitar la aplicación de una ley”, abundó Monreal.
Para el presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado “por primera vez en su historia, la Suprema Corte está sentada en el banquillo de los acusados”.
-¿Ni siquiera en la época de Ernesto Zedillo, cuando renunció a los ministros de la Corte, estuvo en una situación tan delicada?
-No, lo que Zedillo quería era hacer una limpia salinista, no era el intento de mejor justicia ni como ahora dar paso a la austeridad como política de Estado.
“Nunca en su historia, la Suprema Corte había estado en estas condiciones y es que nadie se había atrevido a tocar sus privilegios, a cambio de proteger intereses e intercambio de favores con los jueces. Y ahora están sufriendo un sacudimiento frente a un presidente que no le interesa el dinero ni la complicidad”, reflexionó el senador y ex gobernador de Zacatecas.
